La disputa se hace eco de una medida similar adoptada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en 2022 que provocó retenciones masivas de tráfico a lo largo de la frontera. Abbott ha afirmado que estas inspecciones tienen por objeto detener el contrabando de migrantes y drogas, pero en 2022 los inspectores no informaron haber encontrado nada, aunque sí detectaron algunos problemas de seguridad.
La postura de México es que el tráfico de drogas y migrantes es un asunto que compete a las autoridades federales, no a los estados.
Abbott ha buscado a menudo ganar publicidad con medidas antiinmigración de alto perfil.
“La imposición de estas inspecciones está generando pérdidas millonarias tanto para empresas mexicanas como para estadounidenses”, indicó la Secretaría, que añadió que los retrasos afectan principalmente a los productos perecederos. Estados Unidos es un gran importador de productos cultivados en México.
“En última instancia, son los consumidores estadounidenses quienes pagan los costos de estas políticas, por lo que a todos conviene restablecer la normalidad en la frontera”, agregó.
En 2022, Abbott derogó las inspecciones reforzadas tras una semana de intensas reacciones en contra y temores de que se agravaran las pérdidas económicas. El gobernador texano las levantó tras alcanzar acuerdos con los estados mexicanos fronterizos que, según dijo entonces, esbozaban nuevos compromisos en materia de seguridad.
